miércoles, 12 de agosto de 2015

LA CRISIS DE LA UNIVERSIDAD BOLIVIANA UNIVERSIDAD Y AUTONOMÍA


11/04/2003
A partir de la fecha, “Maoístas Bolivianos” reproducirá una serie de artículos sobre la “CRISIS DE LA UNIVERSIDAD BOLIVIANA Y SU AUTONOMÍA”  Agosto, 10 de 2015.
El presente artículo, como señala la fecha fue escrito en abril de 2003.
LA CRISIS DE
LA UNIVERSIDAD BOLIVIANA

UNIVERSIDAD Y AUTONOMÍA

 I

Jorge Echazú Alvarado

 1.      UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD.

 La profunda crisis institucional y académica que sufre la Universidad Boliviana, junto al sistema de la escuela boliviana, es reconocida por todos. En realidad ya resulta un "lugar común" hablar y opinar sobre dicha crisis.

Lo importante ahora es comprender y racionalizar la crisis, identificar las causas, para encontrar las soluciones. En este terreno surgen las principales discrepancias de orden teórico. El primer grupo de "críticos" internos y externos de la Universidad, remiten dichas causas a factores endógenos de la misma, por ejemplo:  su "politización",  su "negativa al cambio",  el mantenimiento de principios "obsoletos", entre ellos la Autonomía y el co-gobierno, la Asamblea docente - estudiantil, etc, etc.
Esta corriente de pensamiento universitario está inscrita en la ideología política dominante que ha hecho del funcionalismo más cavernario, su fuente de inspiración. El "cambio" para los funcionalistas neoliberales de la universidad, significa, en realidad, abandonar los "viejos principios" y adoptar los principios actuales de la "modernidad": es decir la competitividad, los consensos, el "diálogo" (de sordos), etc, etc.
Este grupo debe ser identificado como el de los enemigos frontales de la Autonomía Universitaria y el co-gobierno paritario que dentro o fuera de la universidad, ya han levantado muy alto sus cabezas.
En realidad estos grupos que responden directamente a los partidos reaccionarios del sistema (MNR-ADN-MIR), han tomado paulatina y sigilosamente nuestras Universidades y las administran de acuerdo a sus intereses.
En este sentido tenemos la opinión de Ramiro Velasco R., escribiente de "La Razón" y ex izquierdista arrepentido:
"Por hoy, la autonomía universitaria ha dejado de ser lo que fue y es sólo una cáscara vacía que sólo con otros contenidos y con propuestas más coherentes al país y a los nuevos tiempos podría legitimar su existencia. Cuestiones de la democracia universitaria, entendida como democratismo, tales como el voto universal para elegir rector o el co-gobierno docente-estudiantil, se han convertido en rémoras que impiden el pleno desarrollo de la inteligencia y del conocimiento. En cambio, los electoralismos y la cohabitación llamada co-gobierno han desatado el reino de la mediocridad y la formación de camarillas y de estructuras corruptas que llevan a mal traer a todas las universidades del sistema público....   
Cuando se ha hablado de educación se ha pensado siempre en una acción de vaya de abajo hacia arriba. Hoy hay que pensar en una acción de arriba para abajo, y para ello de un cambio radical en la esfera de la universidad pública”. (1)
En primer lugar, el ataque a la autonomía y el co-gobierno es, en este caso, directo. La acusación fundamental,  se refiere a que los principios universitarios son obsoletos y se han convertido en rémoras que impiden el conocimiento y el desarrollo de la ciencia. El autor, un ex -socialista y ex-comunista, así como ex-udepista, además ex -embajador de Goni y otros ex, echa la culpa de la corrupción a la autonomía, cuando todos sabemos que ella proviene directamente del neoliberalismo al cual ha rendido su lealtad lacayuna.
En segundo término, se encuentra el "electoralismo universitario". No se puede desvalorizar un principio, por la mala administración que eventualmente pudiera tener. Sabemos hasta la saciedad que los elementos activos del proceso de enseñanza-aprendizaje son precisamente los estudiantes y los docentes, entonces: ¿quiénes más que ellos tienen el derecho y la obligación de elegir y ser elegidos en la Universidad?

Las opiniones contra la autonomía y el co-gobierno docente estudiantil se encuentran también en el seno de las universidades y se manifiestan de vez en cuando y se mantienen ocultas en otras oportunidades. 

La segunda corriente, a la que adherimos, reconociendo la crisis, la remite principalmente a los efectos devastadores que la política actual nacional e internacional globalizadora y neoliberal, viene ocasionando en todo el sistema educacional y el desarrollo de la ciencia en América Latina y el Tercer Mundo. La crisis universitaria no puede ni debe ser considerada al margen de la crisis profunda que vive la formación social boliviana como producto de su conversión acelerada en una comunidad compradora del actual sistema mundial.
¿Cómo hablar, por ejemplo, de participación de la Universidad en el desarrollo de la productividad del país cuando todo el pequeño aparato productivo existente ha sido totalmente desmantelado por la actual política económica?                     
Ahora bien, desarrollando nuestro punto de vista en torno a las causas de la crisis, debemos señalar que la misma es estructural a toda la formación social boliviana que está alcanzando niveles catastróficos, que se reflejan en el fenómeno de la educación en general que hoy pretende ser diseccionada entre municipios y empresa privada, abandonando el Estado una misión que la propia Constitución le había asignado con carácter prioritario.
Si tenemos en cuenta que la misión de la Universidad es doble:  a) Investigación Científica y  b) Formación Profesional;  lo primero que debe lograr es el conocimiento científico de su "entorno" o en buen romance, el carácter mismo de la "sociedad" que la sustenta.  La Universidad no puede dejar de racionalizar los problemas actuales de la pauperación acelerada de la mayoría de la población, el aumento dramático de la desocupación, el crecimiento de los niveles de mortalidad infantil, el hambre, la miseria, etc, etc.
Estas realidades indiscutibles son simplemente ignoradas por la visión funcionalista que exige "competitividad" entre microbios y gigantes, como si fuera democrático y sobre todo justo, poner en un mismo nivel la miseria con la opulencia.   No podemos pues, ni siquiera con el pretexto de un cambio de lenguaje, ignorar el carácter dependiente de la "sociedad" en la que vivimos, si pretendemos abstraer dicha situación como si no existiera, todos nuestros análisis pecarán de metafísicos, unilaterales y empíricos.
En los marcos concretos de la DEPENDENCIA, nos referimos ahora a la dependencia tecnológica y científica a las que nos hallamos sometidos, aunque dicha situación sea reconocida solamente por las corrientes democráticas. 
La dependencia científica significa que los centros imperiales y las corporaciones gigantes instalan unidades de producción en los países pobres, imponiendo pautas de consumo que se encuentran completamente desconectadas de las auténticas y efectivas necesidades del país que recibe dichas instalaciones. De igual modo se impone pautas de investigación "científicas" que no corresponden al grado ni tipo de desarrollo del país recipiente. Se pretende pues no precisamente crear un tipo de investigación cualquiera, sino precisamente lo contrario, bloquear cualquier tipo de desarrollo de la capacidad investigativa científica propia. Esta es una de las consecuencias más nefastas del funcionalismo en todos los órdenes de la vida nacional. Es un funcionalismo al servicio de los intereses de las transnacionales y no así del país.              
Esta moderna forma de la dependencia cumple un doble papel: crear mercados pasivos de los sectores más avanzados de la producción de las economías centrales y crear mano de obra barata para esas mismas economías.
En este sentido transcribimos una valiosa cita del escritor Amilcar Herrera que nos dice:
«....Mientras el 75 % de la humanidad vive en o debajo -y a veces bien abajo- del límite de la subsistencia, hay una cierta ironía en hablar sobre la 'contribución' de la ciencia al progreso social... Nos gustaría creer que la ciencia contribuye al progreso humano, pero en la coyuntura actual la realidad no coincide realmente con nuestros deseos. Digamos francamente que la ciencia ha aportado, sin duda, más males que beneficios a la gran mayoría de los seres humanos...»  (Problemas de Ciencia Política. Paris OECD 1968)....(2)
La anterior nota nos está mostrando hasta qué punto es peligroso no dilucidar el carácter que debe tener la investigación científica y la actividad académica universitaria, sobre todo en un país como el nuestro, tan vulnerable a la dependencia.
En síntesis, en torno al problema de la causa fundamental de la crisis, señalamos que, en realidad, los poderes centrales, sus prolongaciones nacionales y las fuerzas regresivas, intentaron por todos los medios DESTRUIR la universidad en América Latina y en particular los centros de investigación social que tendían, como es natural, a comprender las razones mismas de la dependencia:
Primero fueron las agresiones directas del militarismo latinoamericano a las universidades que, sin lograr totalmente sus propósitos, los obtuvieron en parte debilitando sus infraestructuras materiales e institucionales. Después vendría la agresión económica que pretende estrangularla cercenándole sus recursos económicos y finalmente el tercer asalto, el más peligroso, por que tiene carácter ideológico, es un ataque desde dentro y está dirigido a su desarticulación con los argumentos conocidos de su "atraso", su "desubicación", su "obsolescencia", etc.,etc.

No es pues extraño que ahora surjan "universidades" privadas como hongos en el país. Si realmente los "modernizadores" quisieran institutos universitarios como los que pregonan en sus "propuestas" para la Universidad autónoma, podrían fácilmente emigrar hacia dichas "universidades" en masa y poner allí sus "luminosas" ideas en la práctica. Pero no es así, prefieren quedarse como verdaderas "quintas columnas" en el seno de las universidades públicas con el claro propósito ya señalado de destruirlas desde dentro.  

La universidad pública boliviana es actualmente criticada por los funcionalistas de no considerar la incorporación de progreso técnico a la producción y de desempeñar un papel marginal en la determinación de los niveles de crecimiento económico.
En realidad debemos decir que los funcionalistas confunden todos los términos y haciendo honor a la especulación más vacía pretenden que la universidad incorpore el progreso técnico a la producción y al desarrollo económico. En primer lugar, es un despropósito exigir de la Universidad funciones que están muy alejadas de sus reales posibilidades. Esas exigencias, en rigor deben ser dirigidas sobre todo a los actuales dueños del proceso productivo: la empresa privada y subsidiariamente al Estado. En segundo lugar, nuestros funcionalistas no nos explican qué entienden por desarrollo económico, no será, suponemos, un desarrollo de la dependencia o como decía Andre Gunder Frank, ¿un desarrollo del subdesarrollo?
Seguidamente, en este punto, una otra cuestión, en torno a las propuestas de los funcionalistas. Se dice que:
«Son insostenibles los intentos de mantener un concepto de autonomía basado en el aislamiento de las universidades con respecto a sus compromisos con su medio....»  (3)
Si existe una institución nacional que ha hecho a lo largo de su existencia más esfuerzos para, primero, comprender el entorno y segundo, ligarse y comprometerse con el medio social, es precisamente la Universidad Boliviana. Esto es indiscutible. Lo que tenemos que observar y replicar es que la actual ideología dominante es la más interesada en ignorar "sistemáticamente" o sistémicamente si se quiere, el entorno real y concreto: la realidad social, para adecuar la Universidad a los intereses del mercado libre, de la iniciativa libre, de la empresa privada.
Se debe abordar, igualmente, el problema planteado de la pérdida de prestigio de la universidad nacional.
Es este un argumento falaz que tiende a presentar una crisis real, cuyos orígenes y causas ya conocemos, como una desvalorización de los propios principios de la universidad ante la sociedad. La crítica es pues deshonesta y está inscrita en los planes generales de la destrucción de la universidad. Son los aparatos ideológicos del Estado, controlados todos por las clases dominantes, los que manejan y propalan la especie del "desprestigio" de la universidad, por que ella no acepta sumisamente esa ideología dominante.
Esa misma propaganda deshonesta e interesada trata de mostrar una universidad ineficaz, ineficiente, no moderna, «una universidad del desperdicio»  (4).
Veamos con algún detalle estos asuntos:
Desde hacen diez años se nos habla profusamente de eficacia, pero ella en el contexto nacional no aparece por ninguna parte. Por el contrario, lo único que constatamos diariamente es una ineficacia alarmante en todos los niveles de la realidad nacional. No es pues suficiente hablar de eficacia para ser eficaz.  Igualmente con la eficiencia y también con la modernidad. No basta hablar hasta la saciedad de modernidad, para ser moderno o modernista. El prestigio de una institución no se mide por la opinión de sus detractores, que es la única opinión que aparece en los medios de comunicación de masas. El prestigio de la universidad, lo que no constituye, en efecto, ninguna defensa de sus errores y defectos, aparece en su indeclinable apego a los intereses fundamentales de la nación y el pueblo.
La articulación de la universidad con la sociedad es problemática, porque la universidad no es responsable de la deformación, por ejemplo, de la economía nacional. En el pasado se exigía de las universidades una priorización de la enseñanza técnica y tecnológica. Recogiendo el desafío, la Universidad Boliviana implementó carreras, institutos y universidades íntegras como las de Oruro y el Beni. Empero, la llegada del neoliberalismo, originó una verdadera des-industrialización del país, una universalización de la economía pequeña y marginal, una desocupación creciente, al extremo de que, por el momento, parece inútil, dedicarse por ejemplo, al estudio de la minería o la metalurgia, ya que estas actividades están desapareciendo. ¿Se puede, por ventura, culpar a la universidad por el fenómeno de la destrucción del aparato productivo del país?
Justamente cuando el país sufre los efectos de una política económica de ajuste estructural que tiende a la reducción del Estado, todo en beneficio de la empresa privada, se exige planificación del desarrollo económico de la universidad con el Estado. Esta es una total contradicción que no podemos pasar por alto y la denunciamos como una verdadera demagogia.
El funcionalismo cuyo contenido está presente en el Proyecto de Reforma Universitaria (documento del C.E.U.B.), nos habla también de la construcción de los consensos y se dice:
«La problemática de la educación superior necesita de políticas y estrategias globales en cuya concepción y aplicación se otorgue un papel principal a todos los actores sociales...» (5)

Una verdad de Perogrullo.... 

«En el nivel de las responsabilidades colectivas, lo primero y más estratégico será la construcción de un consenso básico que permita desencadenar diversos procesos de cambio simultáneos. El consenso nacional debe girar en torno de políticas marco orientadoras del futuro, de criterios guías prioritarios para la satisfacción de las múltiples demandas, de instrumentos esenciales para viabilizar la implementación de los cambios básicos propuestos, de tiempos para eliminar las barreras que más atrasan o impiden la modernización.....»  (6)
Aparte del lenguaje confuso, general y hasta ridículo, tenemos la falta de explicación, por ejemplo, de cómo se deben "desencadenar procesos simultáneos" de cambios (en qué sentido), cuáles son las múltiples demandas, cuáles los instrumentos esenciales, para la implementación de cambios básicos (cuáles), etc, etc.  
Lo único claro es la posición desarrollista expuesta que planteaba la eliminación de barreras que atrasan la modernización (dualismo estructural), posición ampliamente desbordada en el presente en todas las ciencias sociales.
2.  UNIVERSIDAD Y ESTADO
La Universidad solamente puede ser autónoma respecto del Estado. No es concebible una Universidad sin autonomía.    La "universidad" privada es cualquier institución, menos una verdadera universidad. El concepto de universidad proviene del vocablo latino "universitas" que significa universal, universalidad, de modo que pensar una universidad confesional, es decir que responda a una iglesia, a una confesión, a una secta, a un partido, a una tendencia determinada, está restringiendo drásticamente y, en verdad, quitándole el carácter de instituto independiente y autónomo de la ciencia y de la adquisición de conocimientos sin limitación alguna, sin preconcepto alguno.                                  
Desde Durkheim sabemos que para la adquisición de un verdadero conocimiento, la primera regla del método sociológico, es justamente el rechazo de los pre-conceptos, de las pre-nociones que constituyen una nebulosa que impide el acceso del sujeto cognoscente a las esencias más profundas de los fenómenos sociales. 
Vamos a pensar por un momento en la posibilidad de la pérdida de  autonomía de la Universidad Boliviana. ¿Quién o quiénes, en nombre de la famosa privatización, podrían hacerse cargo de la conducción universitaria? ¿Sería el Estado, a través del gobierno o de una de sus secretarías o Ministerios?
En este caso, ¿no es acaso una evidencia que el actual modelo privatista justamente pretende liberar al Estado de toda ingerencia en la educación básica e intermedia? Entonces,  ¿en qué queda el tan mentado criterio de hacerse cargo de la educación superior?
Si por otra parte se piensa en la entrega de la universidad y todos sus activos y bienes a la famosa "empresa privada", preguntamos: ¿cuál sería la "empresa" que podría hacerse cargo de tamaña responsabilidad? ¿Quién, por ejemplo, designaría a los docentes, a las autoridades académicas?, ¿cuál sería el criterio para dichas selecciones? Naturalmente, una vez surge más el criterio confesional, unilateral, sectario y profundamente anti-universitario;  el de la  "empresa privada".     Habría muerto, pues, uno de los pilares fundamentales de la formación boliviana independiente, nacional y popular.   La universidad, en nuestro país, solamente puede ser AUTONOMA, SIN AUTONOMIA NO HAY UNIVERSIDAD.
El paso de la universidad confesional --la misma que corresponde a la edad media-- a la universidad nacional de los tiempos modernos, es irreversible y cualquier esfuerzo por encontrar alternativas a la Universidad Autónoma o pretender un retorno imposible al medioevo, resulta siendo un anacronismo completo.
La autonomía significa que la sociedad civil, en el concepto de Gramsci, organiza un espacio independiente que tiene carácter científico y como objetivos fundamentales: a) la adquisición del conocimiento de la realidad en todos sus órdenes, y b) la formación de elemento humano que munido de tal conocimiento encare la solución de los problemas en un ambiente completamente soberano. Cualquier dependencia, cualquier sometimiento de la universidad a un poder "superior" es inconcebible.
Si la universidad es la institucionalización del conocimiento, ¿quién podría, desde una posición "superior", pretender conducirla y dirigirla?  Es pues el principio del auto-gobierno el único principio válido y pensable para una verdadera y auténtica universidad nacional.
Nuestra posición de principio con respecto a las universidades privadas es por ello mismo muy clara. Al carecer de independencia, pues son institutos sometidos ya sea a una religión y a una jerarquía eclesiástica, a una secta (católicos, mormones, evangelistas, etc), a una empresa privada, a una organización no gubernamental, etc., etc., su propio carácter "universal" desaparece y es sustituido por un "conocimiento" interesado. Por ejemplo, ¿cómo se podría cuestionar en las ciencias naturales y biológicas el origen del hombre divino en una  "Universidad Católica"? No nos imaginamos una contradicción más absoluta.
Se sostiene en algunos círculos que la universidad pública tiene "miedo" a la competencia que significa la presencia de las universidades privadas y que en rigor se opone al desarrollo de la "competitividad". Es esta una verdadera falacia que debe ser frontalmente rechazada.
La Universidad Boliviana es el resultado del trabajo, el esfuerzo, la dedicación y el empeño de las generaciones más destacadas de la nación boliviana desde los tiempos de la Colonia. Se ha ido constituyendo en un largo proceso de formación que se inicia justamente en la Universidad absolutamente confesional de los tiempos de su creación (1624, La Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca). Ha pasado los momentos gloriosos de la lucha por la independencia (1809-1825), cuyos lauros corresponden, en primer lugar al pueblo altoperuano combatiente y en segundo y destacado lugar a la Universidad Boliviana. Ha seguido el proceso de la conquista de su autonomía (1928) que germinó junto con los postulados nacionales de la Reforma Agraria, la Nacionalización de las Minas y el Voto Universal, hasta llegar a la Revolución Universitaria de 1971 y finalmente la valerosa resistencia anti-dictatorial que tuvo la enorme virtud de derrotar a las infames dictaduras fascistas de Bánzer, Natusch, y García Mezza. (1971-1982)
¿Cómo una Universidad de esta envergadura podría "temer" una confrontación académica y científica con institutos liliputienses conducidos por empleados de la empresa privada, centrillos de capacitación media o cenáculos de teologías diversas?
El Estado, sobre todo el Estado boliviano no es un órgano que represente a la sociedad en su conjunto. En realidad el Estado boliviano es un apéndice de intereses muy complejos que distan mucho de representar el interés "común". En estos contornos, la Universidad está obligada a tomar distancia de cualquier Estado para cumplir plenamente sus funciones universales.
No se trata de que la universidad tenga la "verdad" y que por ello necesite una autonomía. Se trata, por el contrario, de que la verdad sólo puede ser conquistada por el conocimiento autónomo, no dirigido, menos manipulado.
En los tiempos actuales, El Estado tiene sus planes, sus programas y sus puntos de vista que, para la universidad son puntos de vista particulares, junto a otros puntos de vista igualmente válidos. Nadie puede decir entonces, ni sostener, que la universidad no sirve a la "modernidad", o que está anclada en el pasado. Ese juicio, precisamente, es el cuestionado. Como la universidad, además es acumulación de conocimientos, para ella no existe el conocimiento de "moda" y en consecuencia tienen igual jerarquía los conocimientos más diversos que pugnarán por su mejor reconocimiento en la prueba cotidiana de la práctica, no precisamente en un momento determinado, sino permanentemente.                
La universidad precisa, pues, una autonomía muy clara frente al Estado. En la actual coyuntura es preciso que todas las tendencias al interior de la Universidad, hagan conocer, con toda precisión sus puntos de vista en torno al concepto de la Autonomía Universitaria, sin ningún tipo de eufemismos:  o estamos CON LA AUTONOMIA UNIVERSITARIA O ESTAMOS CONTRA LA AUTONOMIA UNIVERSITARIA.
Por último, abordamos una cuestión fundamental: visualizamos la universidad autónoma como un verdadero ámbito independiente con respecto al Estado y sobre todo al gobierno. Esto significa que la universidad no puede limitarse a reproducir la ideología del Estado, ni menos el discurso hegemónico de los sucesivos gobiernos. Su alta misión consiste precisamente en cuestionarlos y someterlos a la prueba del análisis científico y crítico y a la prueba de su consistencia en la práctica.
En realidad la Autonomía Universitaria garantiza la existencia de un auténtico "territorio" soberano de la ciencia, la conciencia, la investigación, el espíritu crítico, la competencia sana, la igualdad de oportunidades para todos. Una garantía para el desarrollo de la actividad investigativa al margen y fuera de las imposiciones de empresarios o funcionarios corruptos, pragmáticos y tecnócratas encerrados en sus números sobre todo de papel moneda verde.
La Autonomía Universitaria superada, la nueva autonomía universitaria que planteamos y que construiremos sobre la base de la vasta experiencia acumulada, resurgirá sobre sus ocasionales adversarios auténticos y de conveniencia.
3. UNIVERSIDAD Y GOBIERNO

Ya sabemos que existe una confusión lamentable entre los conceptos de Estado y Gobierno. Nosotros comenzamos haciendo esta distinción muy importante porque dicha confusión crea, efectivamente, serias dificultades teóricas. El Estado brevemente definido es la totalidad política, en tanto que el Gobierno es una parte, un órgano técnico-administrativo del Estado. 

Desde los tiempos de la Autonomía Universitaria (1928), las relaciones de la Universidad Boliviana con los sucesivos gobiernos nacionales, han sido conflictivas, por decir lo menos. Esto se debe, en gran parte, a que los diferentes partidos políticos gobernantes veían la universidad como un peligro para sus mezquinos intereses de partido y de grupo.

Los gobiernos de la oligarquía anterior a 1952, la llamada "feudal-burguesía" no tienen nada que ver con la consecución de la Autonomía Universitaria, como ignorantemente lo sostienen los algunos desorientados.  

Por el contrario, fueron las corrientes socialistas emergentes, influenciadas por la revolución bolchevique, el movimiento de Córdova (1918) y el pensamiento de Mariátegui, los que hicieron realidad --después de una enconada lucha contra el silismo reaccionario--, la autonomía. Recuérdese que la generación del 28 (con don José Antonio Arze a la cabeza), sostuvo las consignas progresistas de "minas al Estado y tierras al indio". La Autonomía Universitaria desde su cuna fue una consigna y finalmente una conquista progresista ligada a las luchas sociales del pueblo boliviano. 
Es cierto que años después, algunos grupos reaccionarios lograron penetrar la Universidad a través de la Masonería que, efectivamente, controló la Universidad. Después de 1952, el nacionalismo "revolucionario" representado por el MNR, visualizaba la Universidad como el refugio de sus dos enemigos, la rosca masónica y el llamado extremismo de izquierda. Esta que la razón de la conocida intervención universitaria de 1956. El MNR tenía y tiene una verdadera fobia anti-universitaria. Para probar esto no hace falta sino consultar la obra de Augusto Céspedes y Carlos Montenegro que atacan a la Universidad en forma atrabiliaria.
Después llegarían los gobiernos militares. La Universidad sufrió las agresiones más alevosas de parte de Barrientos, Ovando, Bánzer, Natusch y finalmente Garcia Mezza. El militarismo fascista pretendió acabar con la Universidad, pero la Universidad, junto al pueblo, rechazó la infamia y finalmente derrotó a las dictaduras.
Reconquistada la democracia liberal, por obra en gran parte de la Universidad y con la llegada del neoliberalismo, se inicia el nuevo tipo de ataque a la Universidad. Ahora es el discurso hegemónico del modernismo que de tal no tiene nada, el que amenaza la existencia misma de la Universidad Boliviana. Desde su seno se mueven los arcaicos modernistas que, utilizando un lenguaje barroco y fatuo, utilizando palabras en lugar de conceptos en la típica postura del diablo predicador que no cumple lo que promete, exigen competencia cuando jamás la han demostrado, exigen modernidad cuando el país, en la realidad, se está sumiendo cada día más en la miseria y en la pobreza. Haciendo caso omiso a una realidad dramática de desajuste social, pregonan modernidades que no entienden ni ellos mismos.
El gobierno Sánchez al haber hecho abandono de sus funciones de planificación de la economía nacional, dejando a la lógica del mercado todas las determinaciones, no puede pues exigir de las Universidades ningún planeamiento, porque justamente su filosofía se basa en el rechazo del plan. Caen por su base todas las críticas insinceras del funcionalismo que deshonestamente "interesado" propugna el desarrollo o el crecimiento económico, pero no de la totalidad social, sino de sus intereses particulares reflejados en los parámetros conocidos de la econometría.
Igualmente debemos referirnos brevemente a la llamada "Reforma Educativa" (7) del Gobierno movi-gonista. Acá veremos únicamente el aspecto relativo a la Universidad. En efecto, se trata de los artículos 21 (Conamed y Sinamed), 22 y 23 de la Ley ya aprobada por el parlamento que hace referencia a la acreditación y evaluación de la labor propiamente académica de la Universidad Boliviana.
Con el criterio propio de quiénes no conocen ni comprenden el carácter mismo de una verdadera universidad, pretenden crear un organismo burocrático que "acredite" si la universidad en sus múltiples y diversas carreras científicas, cumple con los requerimientos del avance científico y tecnológico. Sin embargo, quiénes podrían ser los elementos humanos que se encuentren habilitados para catalogar y juzgar el trabajo, la investigación y la cátedra de decenas y centenas de campos de la ciencia?   Constituye realmente una osadía, un atrevimiento y una pretensión muy grandes las de los presuntos "genios" que según el gobierno serán nombrados en mayoría por el Presidente y el Parlamento.
Si nosotros, -la universidad-, sabemos muy bien que el poder legislativo está compuesto por parlamentarios incluso analfabetos y sin estudios universitarios de ninguna clase, ¿qué podemos esperar? ¿Serán los Ipiña que pueden saber de Teología (pero nada más), los Sandoval Morón que si saben de masacres de universitarios y obreros, las Anaya, los Hoz de Vila, los Maidana, los Cárdenas que si saben de vendimias, los del ETARE que ya se han llevado millones de dólares?, ¿será el Goni que apenas balbucea el español? ¿Serán ellos los que pretenden nombrar, con la varita mágica de los "dos tercios", a los árbitros de la labor académica de la universidad?   ¡¡No faltaba más!!
Definitivamente decimos NO. La universidad se evalúa y se acredita a sí misma, por ello es autónoma, y no permitiremos que los eternos enemigos de la cultura y la autonomía, como son todos los movimientistas, metan sus manos corruptas en la Universidad Autónoma.
Las relaciones Universidad-Gobierno deben ser normales y de mutuo respeto y deben basarse en la observancia plena y total de la Constitución Política del Estado. En un documento especial nos referiremos al problema de la subvención de la sociedad a las Universidades a través de los impuestos universitarios que deben ser cobrados directamente por agentes de retención universitarios.
Por otro lado, el gobierno neo-liberal de Sánchez (1993-1997), promulgó otra ley especial (7), favoreciendo directamente a la "Universidad Católica". Dicha ley (No. 1545 de 21 de marzo de 1994), violentando flagrantemente la Constitución Política del Estado, reconoce como universidad pública a la Universidad Católica.                       
El art. 2° dispone que la U. Católica: "dependiente de la Conferencia Episcopal es una institución de derecho público que goza de autonomía académica y económica, forma parte del sistema universitario boliviano...y está facultada para extender....... títulos en Provisión Nacional sin limitación ni restricción alguna".(8)
Pasemos a analizar este artículo desde el punto de vista de los principios y de la propia Constitución Política. En primer lugar, al reconocer la dependencia de la UC con respecto a la Conferencia Episcopal (Iglesia Católica), se está determinando su carácter privado, entonces, ¿de qué autonomía se habla? ¿No era un constante acaso de la prédica anti-universitaria precisamente su carácter público y la necesidad justamente de su privatización? ¿En qué quedamos?   En segundo lugar se habla de derecho público, pretendiendo ocultar el carácter privado y de lucro de la UC, que en realidad es una empresa privada. La CPE, en su art. 185, dice:
"Las Universidades públicas son autónomas e iguales en jerarquía...", y  en el art. 188 expresa que: las universidades privadas....etc".(9)  La distinción que hace la CPE entre universidades públicas y privadas es sencillamente vulnerada por el art. 2° de la Ley 1545.
Veamos cual es el criterio constitucional para hacer dicha distinción. Básicamente el hecho de que la universidad nacional es obligatoriamente sostenida por la sociedad a través del Estado, en tanto que la universidad privada es sostenida justamente por las personas privadas que son sus propietarias y por el pago de una matrícula que excede con mucho la prestación del servicio y alcanza los límites del lucro, la ganancia y el beneficio.
La propia dictación de esta Ley, violatoria de la Constitución nos muestra el criterio del Gobierno de ir desconociendo paulatinamente la Autonomía Universitaria en beneficio de las Universidades privadas.
El proceso indirecto y disimulado de privatización de las universidades públicas se ha dado desde 1985 más o menos. Se ha ido avanzando poco a poco, primero con ataques teóricos a la Autonomía, al co-gobierno docente-estudiantil paritario y finalmente a las Asambleas generales docentes y estudiantiles. Con una insistencia digna de mejores causas, los enemigos de la Autonomía que sumaban millares y se manifestaban en los órganos de difusión recibiendo apoyos desde todos los ángulos del "pensamiento único", taladraban la mente de todos con sus prédicas anti-autonomistas.                        
La ofensiva consiguió muchos logros entre ellos, principalmente, un desarrollo muy grande de la corrupción, pues una vez "consensuado" el criterio que la educación superior era una mercancía. Todo debía tener su precio, las notas, las calificaciones, los exámenes, los títulos, los valores universitarios tenían sus tarifas. ¿Se puede negar que esta realidad domina actualmente en las universidades del sistema?
Ahora y finalmente,  abordamos el problema de la Universidad Pública de El Alto.

4.   LA  UNIVERSIDAD PUBLICA DE   EL ALTO (UPEA)  

La Universidad Pública de El Alto, ha sido creada por Ley No. 2115 de fecha 5 de septiembre de 2000, como una universidad pública, empero sin respetarse todas y cada una de las disposiciones de la Constitución Política del Estado que proclaman que las Universidades Públicas son autónomas, se la declara sin Autonomía, la misma que podrá ser concedida recién dentro de cinco años. Es pues ésta una violación flagrante de la Constitución, pues crea un tercer tipo de universidades al margen de la Ley. La Ley 2115 fue obra del entonces Ministro de Educación Tito Hoz de Vila que, ante la presión social alteña no tuvo más remedio que fundar la Universidad de El Alto, pero introduciendo la piedra de la discordia al negarle la necesaria autonomía para su normal funcionamiento. Empero, además, propició un engranaje complicado para hacer elegir como rector y vice-rector a los representantes del Gobierno y la Iglesia católica en ese mismo Comité de Implementación de la Universidad.
Esos representantes fueron precisamente los señores Javier Tito Espinoza y Edgar Chipana Vargas que tomaron la Universidad como su hacienda, realizando la gestión universitaria más vergonzosa que recuerda la historia de la Universidad Boliviana. La elección fraudulenta fue avalada también vergonzosamente por los "notables" Carlos Toranzo y el Dr. Aguirre de la Academia de Ciencias. Decimos vergonzosa porque avalaron la elección y el nombramiento de dos señores que carecían de títulos universitarios.                       
La Ley de creación de la UPEA, determina en su art. 2°, parágrafo III, la existencia de un:
Consejo de Desarrollo Institucional (CDI) constituido por:
El Rector de la Universidad.
El Obispo de El  Alto o su representante.
Un representante de la Central Obrera Regional de El Alto.
Un representante de la Federación de Gremiales de El Alto.
Un representante de la Junta de Vecinos del Alto.
Un representante de los Artesanos de El Alto.
Un representante de los Padres de Familia.
Un representante de los Docentes
Un representante de los estudiantes. (Parágrafo IV)
El  CDI tiene las siguientes atribuciones: fiscalización de la UPEA, considerar el plan de desarrollo y los planes anuales de gestión universitaria y su presupuesto, además de otras que señale el Estatuto Orgánico.                       
El Art. 2°,  parágrafo II, es el más importante pues determina textualmente:
II.  La Universidad de El Alto estará bajo la tuición académica del CEUB por el lapso de cinco años, a partir del inicio de sus actividades académicas, tiempo en el cual se consolidará como institución de educación superior con parámetros de calidad académica aceptados internacionalmente. Cumplido este lapso la Universidad de El Alto cobrará la calidad institucional plena de Universidad Pública y Autónoma bajo las normas y parámetros de la presente Ley y de pleno derecho, formará parte integrante de la Universidad Boliviana, en el marco de la previsión contendía en el parágrafo II del art. 185 de la Constitución Política del Estado.
 Sugestivamente la Ley 2115, hace mutis en cuanto al parágrafo I del art. 185 que establece con toda claridad que: Las universidades públicas son autónomas e iguales en jerarquía....                       
La Constitución no reconoce entonces lapsos en los cuales las universidades públicas floten en una atmósfera extraña, dirigidas nadie sabe por quiénes ni en qué condiciones, sujetas nadie sabe a qué normatividad, etc, etc.
El art. 2°, parágrafo II es un verdadero atentado jurídico que ha ocasionado todos los conflictos que ha tenido que sufrir esa Universidad con las agresiones de las fuerzas públicas contra sus estudiantes que reclamaban precisamente la Autonomía para superar los mismos. Nunca como esta vez para calificar la Ley como una trampa tenebrosa que superarla costó grandes sacrificios al movimiento universitario alteño.                       
El CDI, anterior al actual, dominado y domesticado por los señores Tito y Chipana, lejos de cumplir sus obligaciones en torno a la fiscalización, se convirtió en el verdadero "dueño" de la UPEA y sus integrantes, ajenos a la gestión académica propiamente dicha, se convirtieron en consejeros "universitarios" que designaban docentes, cargos administrativos y percibían y cobraban sueldos y dietas altísimas sin responder por sus actividades.
La gestión rectoral se deslegitimó pues, como señalamos,  ni el propio Rector, ni el ViceRector tenían títulos académicos habilitantes para la función rectoral y en su propósito de ocultar estos hecho propiciaron una gestión sumamente conflictiva e irregular que arrasó con toda legalidad e institucionalidad universitaria. Fue pues la propia Ley la piedra de toque en torno a los conflictos. Se sumó la corrupción más extendida, la misma que ha sido denunciada por el propio Ex-Rector.
El cúmulo de irregularidades, la prepotencia de las "autoridades" ilegítimas, la intervención abusiva de la fuerza pública que agredía a los estudiantes, el conocimiento y la evidencia en cuanto a la corrupción generalizada, determinó la reacción del movimiento estudiantil que pasó directamente a la solución definitiva del conflicto, la lucha por la Autonomía universitaria a partir de la elección de nuevas autoridades académicas por selección directa de docentes y estudiantes.                        
Este paso profundamente democrático universitario había sido sugerido por el propio Secretario Ejecutivo del CEUB, Sr. Juan Cuevas que, en varias entrevistas con representantes de la UPEA, declaró taxativamente que el CEUB no la reconocería mientras sea dirigida por un señor que carecía de legitimidad por no tener título universitario habilitante.
El Sr. Cuevas aconsejo que los universitarios, haciendo uso de su derecho legítimo, destituyeran a esas autoridades fraudulentas y eligieran por sí mismos sus rectores los mismos que serían reconocidas por el CEUB  e incorporada la Universidad al Sistema Nacional de Universidades.  El Sr. Cuevas, faltando a su palabra se retractó, censurando y combatiendo junto a  Chipana contra el movimiento autonomista alteño, amparándose fraudulentamente en las resoluciones de las Conferencias Nacionales Universitarias que ordenaban la abstención total del CEUB en el conflicto alteño.  El Sr. Cuevas tendrá, tarde o temprano que explicar su nefasta intervención en el conflicto de la UPEA.
Por otra parte, extraña a la Universidad alteña la exigencia perentoria de autonomía y auto gobierno previos para el ingreso al sistema de parte de la UPEA, cuando en su seno ha sido recibida y cobijada la Universidad Católica que a pesar de una Ley fraudulenta es, en realidad, una Universidad privada, sin autonomía y sin co-gobierno docente-estudiantil paritario.
Seguidamente se plantea el problema económico que necesariamente debe contemplar la aplicación del art. 187, sobre la universidad pública, que dice:
"Las Universidades públicas serán obligatoria y suficientemente subvencionadas por el Estado con fondos nacionales...etc. (10)
En el breve período de tres meses que nos cupo desempeñar el Rectorado interino, no logramos la derogatoria o abrogatoria de la Ley 2115, ni su sustitución por otra Ley autonomista. Lo que que si se logró fue la regularización de las actividades académicas, la constitución del H. Concejo Universitario, la organización de las Carreras y la realización de Jornadas Académicas en cada una de ellas. Hemos cumplido la primera etapa de la recuperación de la Universidad Alteña, ahora enfrentamos la segunda y definitiva etapa que no puede sino concluir con la Autonomía plena.
En estos contornos, podemos decir que se ha abierto un frente de lucha universitario muy importante que tiene que ver con la heroica resistencia de los universitarios alteños que pretenden rescatar la Autonomía Universitaria, no solamente para la UPEA sino para todo el sistema de la Universidad Boliviana que la ha ido perdiendo paulatinamente.  El movimiento autonomista universitario alteño se ha constituido ya en la vanguardia nacional por la reconquista de la Autonomía Universitaria y también por la conquista de la nueva Autonomía Universitaria revolucionaria.

Notas  BIBLIOGRAFICAS.
1.                  Velasco, Ramiro. La Razón. “La Universidad en el desarrollo”. Sábado 17-08.00.
2.                  Herrera, Amilcar. “Ciencia y política en América Latina”. Página 14. Siglo XX, editores.
3.                  Reforma Universitaria (Documento de discusión).
4.                  Documento de ASD “aprobado” en el X Congreso de la COB, por Oscar Salas y Camargo.
5.                  Reforma Universitaria. Citada.
6.                  Ibid.
7.                  Ley No. 1545. Universidad Católica. Art. 2. 21 de marzo de 1994.
8.                  Ley No. 1565. Reforma Educativa. 7 de julio de 1994.
9.                  Ley No 2115. Universidad Pública de El Alto. 5 de septiembre de 2000.
10.              Constitución Política del Estado. Arts. 185, 1286, 1987 y 188.

El Alto, abril de 2003.

Dr. Jorge Echazu Alvarado
exRector  de la UPEA (Autónoma)



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