miércoles, 9 de octubre de 2013

CONTINÚAN LAS INFAMIAS DE CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO


08-10-13
CONTINÚAN LAS INFAMIAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
Con fecha 30 de septiembre he recibido un nuevo documento de Contraloría General ratificando tozudamente una serie de cargos fraudulentos y delincuenciales contra mi persona.
A continuación detallo todos los errores que tienen carácter criminal contra mi persona por su total falsedad comprobada:
1.             Se dice que la Auditoría trata específicamente del Proceso Ejecutivo Social Instaurado por la AFP –Futuro de Bolivia contra la UPEA por deudas al seguro social obligatorio, por un total de bs. 5 540 559.
Este punto, no tiene en cuenta maliciosamente, que ya ha sido zanjado por el Acuerdo de Conciliación de Deudas No. 9043722 entre el exRector Virreira y quién debió hacer las retenciones correspondientes, la UPEA a cargo de Dámaso Quispe  y la AFP, la misma que cobró ilegalmente montos por el año 2000 cuando no funcionaba la UPEA. Contraloría ocultando dicho acuerdo cuya copia legalizada en Notaría Pública cursa en mi poder, pretende, de todos modos y criminalmente involucrarme  injustamente en un asunto ya concluido.

2.             Se comprende en la Auditoría  maliciosamente los períodos de enero a octubre de 2002, cuando mi persona ejerció el Rectorado interino por designación de Asamblea General de septiembre/14 a Diciembre/14. Por lo mismo la inclusión de los meses enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto es completamente fraudulenta, pues nada tenía que ver mi persona con la UPEA, durante ese tiempo, con eso se demuestra el carácter tendencioso de la imputación.

3.             Se levanta el cargo al Sr. Mario  Virreira precisamente por aquel Acuerdo conciliatorio, pero, otra vez maliciosamente se me excluye de dicho acuerdo que comprende precisamente los períodos de mi Rectorado autonomista.

4.             Se insiste mañosamente que mi rectorado duró 14 meses, cuando en otro párrafo se aclara que fueron dos períodos: el primero de tres meses en 2002 y el segundo de ocho meses en 2003, con un período intermedio en el cual estuve apartado completamente de la UPEA, empero sin un poco de vergüenza se insiste en los 14 meses.

5.             Se dice que mi nombramiento de 19 de agosto de 2002 fue decidido por el CDI, cuando por Ley se sabe que el CDI, no es más que una entidad social fiscalizadora de la UPEA y que únicamente el Ministerio de Educación, a través de una Comisión especial, puede designar y sustituir rectores en la UPEA (Ley 2115). Contraloría no ha leído esta Ley de fundación de la UPEA y livianamente afirma que “No era atribución del Gobierno Central la designación de autoridades de UPEA, sino del CDI  de la UPEA.”  Un grandísima falsedad, que el CDI, como fiscalizador lo único que hizo fue aprobar la designación mía de parte de la Asamblea Universitaria de acuerdo a los principios fundamentales de la Universidad Autónoma boliviana.

6.             No obstante reconocer haber considerado y documentado los extractos bancarios del Banco de Crédito de  que mi persona no fue firma autorizada en el período de  mi Rectorado, y que por lo mismo no figura importe monetario alguno a mi nombre, insisten machacona y con fines ocultos en que no es una información nueva  y que ya fue considerada, pero al mismo tiempo desconocida e ignorada como si no se tratara de una información y prueba concluyente de mi inocencia completa en la administración de los recursos de la UPEA. Acá la malignidad de los cargos tiene carácter cósmico.

7.             Admitiendo que mi autoridad no tuvo firma autorizada, insólitamente se afirma: “que este es un aspecto que no le (me) libera de su (mi) responsabilidad, debido a que estuvo en calidad de  Rector por 14 meses (¿?) ¿Se puede comprender semejante incoherencia?

8.             Se afirma que se “realizaron los pagos a todo el personal de UPEA a partir del mes de diciembre (17), correspondientes a los meses de septiembre, octubre y noviembre y que, por tanto, hubo entrega de recursos para el pago de sueldos, también era necesario prever el cumplimiento con los aportes a las AFPs.”.  Efectivamente los recursos de UPEA -1 (*), se descongelaron a partir del día 17 de diciembre 2002, cuando varios días antes (14) había concluido mi gestión como Rector por tres meses (NO 14, POR FAVOR). Esos recursos se descongelaron a favor de los personeros del CDI, señores Mauricio  Cori, Juan Meléndrez y Juan Escobar, como consta en los extractos bancarios y JAMÁS A MI NOMBRE como Uds., mismos lo reconocen. Fueron ellos quienes procedieron al pago retroactivo incluyéndome a mí como rector saliente. Es necesario hacer constar que el Gobierno de Sánchez, prometió descongelar esos fondos para UPEA a nombre del CDI, con la condición sine quanon de que  el Rector Echazú dejara el cargo definitivamente lo cual se cumplió rigurosamente, pues mi renuncia y conclusión de los tres meses posibilitó al pago a los docentes y trabajadores impagos por largos tres meses.

9.             Sin un poco de rubor ni vergüenza, Contraloría sale a la defensa aguerrida del delincuente prontuariado Javier Tito Espinoza cuando, sueltos totalmente del cuerpo, afirman: “NO A LA ADMINITRACIÓN DE TITOESPINOZA”. Ahora bien, si la Auditoría se refería a los periodos de 2002 y 2003, ¿cuál es la razón de haber excluido expresamente al señor Tito, cuando todos sabemos también por los extractos bancarios que seguía recibiendo periódicamente todos los recursos fiscales de parte del Estado durante la totalidad de los años 2002 y 2003?

Esta afirmación COMPRUEBA EL ENCUBRIMIENTO CRIMINAL  de Contraloría para el señor Tito Espinoza.

10.          Finalmente, la acusación de Contraloría ya no se refiere a la omisión presunta y falsa de retenciones de aportes de los trabajadores a la AFP, sino a un supuesto “pago inoportuno de cotizaciones laborales y patronales, hecho que generó, etc.…” De modo que ahora Echazú habría hecho un pago inoportuno a las AFPs. ¿En qué quedamos? ¿Pagué o no pagué?, ¿tenía cuantas o no tenía?, ¿fueron 14 u 11 meses? ¿fui Rector o no? Contraloría se ha hecho, por maliciosa, todo un barullo que tendrá que explicar en los estrados judiciales.

vvvvvvvvvvvvvvv

(*) Hablamos de UPEA-1, porque siempre desde 2000 a 2003, existió una UPEA-2, a cargo de Tito, que funcionaba en una escuela particular con un puñado de docentes sin título y estudiantes pagados, recibiendo todos los recursos económicos de las cuentas de UPEA y ampliamente reconocido por el Gobierno, el Ministerio de Educación a cargo de Hugo Carvajal Donoso, el Ministerio de Hacienda a cargo del señor Comboni, la prensa escrita, radial y televisiva, la iglesia Católica a cago del Obispo Juárez,  la UMSA, el CEUB y los grupos delincuenciales capitaneados por Tito Espinoza,  todos contra Echazú, reconocido éste ampliamente por la Comunidad Universitaria alteña y la población alteña en su conjunto. Empero contra aquel rectorado apócrifo de Tito, no existe ninguna Auditoría de la genial (¿?) Contraloría General del Estado a cargo de Gabriel Herbas que tendrá que rendir cuentas tarde o temprano.

Dr. Jorge Echazu Alvarado.
Primer Rector Autonomista de la UPEA
Rector Vitalicio de la UPEA,
Doctor Honoris Causa.
Docente Honorífico.
 (Resolución del H,C,U, No, 003/ 2002,  Sesión extraordinaria ER-003)

Fundador de la primera Carrera de Ciencias Políticas.
Director de la Carrera de Ciencias Políticas en dos gestiones.
Decano a.i. de la Facultad de Derecho-UMSA.

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